El problema de las
instituciones gubernamentales de nuestro país, en muchos casos, es la poca seriedad
en comunicar informaciones oficiales y la aplicación de normativas. Todo es
relativo a la coyuntura y la necesidad de sacar alguna ventaja de la situación
de quienes estén de turno en el poder.
Comunicar no es una virtud de las instituciones públicas. Confundir al ciudadano es algo que se ve casi en diferentes circunstancias, en casi todas las entidades públicas. En la aplicación de algún tipo de normativas, por ejemplo, el caso de la inspección técnica vehicular, después el caso de perforación de registros de conducir y, posteriormente, el registro de prestadores de servicios (en el año 2016), que busca construir una estadística de los prestadores de servicios del país a través del Ministerio de Industria y Comercio. En todos los casos nada estaba claro y los responsables de dichas instituciones al tratar de aclarar, confundían más a la ciudadanía.
Con la falta de
claridad se busca sacar ventaja, en detrimento del interés de la ciudadanía.
Teniendo en cuenta el caso del registro de prestadores de servicios, algo que
se creó en la época de Fernando Lugo y se fue posponiendo hasta que se reglamentó
en el gobierno de Horacio Cartes. Tiene dos grandes falencias. La primera es
que el Ministerio de Industria y Comercio debería tener una base de datos
vinculada con la Subsecretaria de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio
de Hacienda, pero eso no está y ni estuvo en la agenda de los encargados circunstanciales
del MIC. Eso es lo que se percibe. En vez de simplificar los trámites y de ser
menos burocráticos para los contribuyentes, al contrario se plantean trabas y
sobrecostos, que en todos los casos son innecesarios. El segundo punto de la
falencia es que se pretende cobrar una tasa que es inconstitucional debido a
que no está en la Ley, y uno de los principios tributarios es la legalidad. Es
decir que debe estar en la Ley y, además, en el caso de las tasas debe tener
una contraprestación directa. Esto no ocurre con la tasa que se pretende cobrar
por el MIC.
Para terminar la idea
del registro de prestadores de servicios, los encargados de explicar la razón de
su implementación no manejan ni siquiera la cantidad de la Población Económicamente
Activa que tiene el país, y mucho menos el porcentaje que representa de ello, los
prestadores de servicios. Para el colmo, de lo que se pretende recaudar no se
sabe cuál será el destino. Nada está planificado y claro. Es lo que lleva a que
se cometan actos de corrupción campante.
Se debe empezar a
planificar y a utilizar mecanismos de comunicación entre las diferentes carteras
del poder ejecutivo y no trastornar a los contribuyentes que están formalizados,
generando sobrecostos innecesarios. Además, si se busca formalizar la economía y
proteger al prestador de servicios del país, se debe combatir la economía subterránea
y la informalidad que existe. Esta informalidad según el Ministerio de Hacienda
representa aproximadamente una evasión del 40% de la recaudación.
Faltan políticas públicas
más serias que estén materializados en acciones concretas en el corto, mediano
y largo plazo. De lo contrario, esto lleva a que todo planteamiento surja del
antojo de una persona o un grupo de personas que, circunstancialmente, están a
cargo de una institución pública.
