Falta de comunicación y reglas claras para la transparencia

El problema de las instituciones gubernamentales de nuestro país, en muchos casos, es la poca seriedad en comunicar informaciones oficiales y la aplicación de normativas. Todo es relativo a la coyuntura y la necesidad de sacar alguna ventaja de la situación de quienes estén de turno en el poder.

Comunicar no es una virtud de las instituciones públicas. Confundir al ciudadano es algo que se ve casi en diferentes circunstancias, en casi todas las entidades públicas. En la aplicación de algún tipo de normativas, por ejemplo, el caso de la inspección técnica vehicular, después el caso de perforación de registros de conducir y, posteriormente, el registro de prestadores de servicios (en el año 2016), que busca construir una estadística de los prestadores de servicios del país a través del Ministerio de Industria y Comercio. En todos los casos nada estaba claro y los responsables de dichas instituciones al tratar de aclarar, confundían más a la ciudadanía.

Con la falta de claridad se busca sacar ventaja, en detrimento del interés de la ciudadanía. Teniendo en cuenta el caso del registro de prestadores de servicios, algo que se creó en la época de Fernando Lugo y se fue posponiendo hasta que se reglamentó en el gobierno de Horacio Cartes. Tiene dos grandes falencias. La primera es que el Ministerio de Industria y Comercio debería tener una base de datos vinculada con la Subsecretaria de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, pero eso no está y ni estuvo en la agenda de los encargados circunstanciales del MIC. Eso es lo que se percibe. En vez de simplificar los trámites y de ser menos burocráticos para los contribuyentes, al contrario se plantean trabas y sobrecostos, que en todos los casos son innecesarios. El segundo punto de la falencia es que se pretende cobrar una tasa que es inconstitucional debido a que no está en la Ley, y uno de los principios tributarios es la legalidad. Es decir que debe estar en la Ley y, además, en el caso de las tasas debe tener una contraprestación directa. Esto no ocurre con la tasa que se pretende cobrar por el MIC.

Para terminar la idea del registro de prestadores de servicios, los encargados de explicar la razón de su implementación no manejan ni siquiera la cantidad de la Población Económicamente Activa que tiene el país, y mucho menos el porcentaje que representa de ello, los prestadores de servicios. Para el colmo, de lo que se pretende recaudar no se sabe cuál será el destino. Nada está planificado y claro. Es lo que lleva a que se cometan actos de corrupción campante.

Se debe empezar a planificar y a utilizar mecanismos de comunicación entre las diferentes carteras del poder ejecutivo y no trastornar a los contribuyentes que están formalizados, generando sobrecostos innecesarios. Además, si se busca formalizar la economía y proteger al prestador de servicios del país, se debe combatir la economía subterránea y la informalidad que existe. Esta informalidad según el Ministerio de Hacienda representa aproximadamente una evasión del 40% de la recaudación.

Faltan políticas públicas más serias que estén materializados en acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo. De lo contrario, esto lleva a que todo planteamiento surja del antojo de una persona o un grupo de personas que, circunstancialmente, están a cargo de una institución pública.